En algunos países como Colombia, la legislación sobre acceso a recursos genéticos está tan mal ejecutada, que los mismos investigadores nacionales pertenecientes a entidades públicas colombianas y que trabajan con fondos públicos colombianos, se convierten en delincuentes o dicho de otra forma, trabajan en la ilegalidad, para poder dar avance al estudio, conservación y utilización de este tipo de recursos. Los eternos, complicados e ilimitados trámites para poder realizar algunas actuaciones clave en lo que respecta a la salvaguardia de la agrobiodiversidad (por ejemplo prospecciones y recolecta de germoplasma en campo), se convierten en verdaderas barreras al desarrollo, no sólo de esta disciplina, sino de toda la ciencia del país en cuestión. Una cosa es intentar conservar y usar racionalmente los recursos y valerse para ello de herramientas legales que garanticen que los procesos de investigación respeten esos principios, y otra es que cuando no se tiene un equipo técnico suficiente y adecuado para estudiar las peticiones de acceso o no exista voluntad política para lo mismo, se den largas y se inventen trámites para finalmente no decir ni sí ni no.
Entiendo que hayan reservas con iniciativas provenientes del mundo privado, más aun cuando éstas vienen del extranjero. Entonces es natural, comprensible y deseable que todos los filtros de seguridad se activen ante posibles actos lesivos a los intereses nacionales (biopiratería, por ejemplo) o destrucción de los recursos objetivo o circundantes, y que por ende, los procesos de otorgamiento de licencias de acceso se alarguen. Pero, por ejemplo, que el mismo estado se autorice por una parte una recolección de germoplasma en la medida que la financia porque lo ve algo prioritario, y por otra se deniegue a sí mismo el permiso o simplemente no llegue a concedérselo por trámites inacabables, legislación mal aplicada y falta de personal técnico con capacidad de juzgamiento, es algo fuera de toda lógica. En Colombia este problema lleva muchos años y ha convertido a muchos investigadores públicos en «virtuales delincuentes» por cumplir lo que consideran su obligación, a saber conservar y usar adecuadamente los recursos genéticos de su nación para el bien de todos los ciudadanos, algo que además está consagrado en la constitución colombiana.
Al respecto, en días pasados fue publicada la siguiente nota en un diario colombiano (ver aquí).
¿Que se podemos hacer al respecto?
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